Ciberdelincuencia: problemas para combatirla
España es el tercer de país del mundo con más ataques informáticos, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. De dichos ataques el 58% se producen a sistemas de información de PYMES, provocando denegaciones de servicios, destrucción de información, robo de bases de datos personales, etc. La Ciberdelincuencia va en aumento porque las tecnologías de la información y las comunicaciones permiten la comisión de delitos a distancia, desde otro ámbito geográfico, permiten el anonimato del que realiza la acción ilícita y, por último, el coste versus beneficio que obtiene el ciberdelincuente hace que se vaya especializando y adquiriendo conocimientos técnicos avanzados.
Las ciberamenazas del Siglo XXI pueden englobarse en cinco categorías: cibercrimen, espionaje en red, ciberguerra, ciberterrorismo y hacktivismo. Este último, pretende la defensa de diversas causas sociales utilizando la Red. Para combatir estas ciberamenazas los Estados se encuentran con la diversidad de sus legislaciones para combatirla. Las comisiones rogatorias internacionales entrañan una gran pérdida de tiempo que es utilizada por el ciberdelincuente para eliminar el rastro de su acción delictiva o huir de la Justicia. La transnacionalidad cibercriminal exige también que exista la transnacionalidad de los agentes que luchan contra ella.
El instrumento internacional que pretende combatir la ciberdelincuencia es el Convenio de Budapest, de 23 de noviembre de 2001, que está pendiente de ratificación por numerosos Estados. Mediante este Convenio los países signatarios deberán adoptar a nivel nacional una serie de medidas penales (sustantivas y procesales) y otras de cooperación internacional, que permitirán solventar parte de los problemas que plantea la ciberdelincuencia para la investigación, recogida de pruebas y enjuiciamiento de las conductas delictivas por los Tribunales que resulten competentes.
En España se pretende también dar respuesta a la amenaza de la ciberdelincuencia mediante la creación del Plan Nacional de Ciberseguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y el Centro Criptológico Nacional, que prestan especial atención a la protección de las infraestructuras críticas.
En el I Congreso de la Abogacía Madrileña celebrado en abril de 2015 se llegó a la conclusión de que la Ciberdelincuencia se está profesionalizando siendo una grave amenaza para la sociedad que requiere de instrumentos técnicos, policiales y jurídicos uniformes en todos los Estados que permitan una efectiva cooperación internacional para combatirla con un cierto grado de eficacia.
